Por Tomás Lukin - Página/12
El Ministerio de Interior y Transporte modificó el sistema de sanciones para los operadores ferroviarios. De ahora en más, frente a la imposición de multas, primero deberán asumirlas y luego apelar. El Estado reducirá los pagos por la operatoria del servicio.
El Ministerio de Interior y Transporte creó un régimen de multas para las operadoras de los trenes metropolitanos. El nuevo esquema de penalidades alcanza a las unidades de gestión Ugofe, a cargo de los ramales Roca, San Martín y Belgrano Sur, y la Ugoms, que corre las líneas Sarmiento y Mitre. El sistema viene a llenar un vacío en materia de sanciones ferroviarias, ya que desde la terminación de los contratos de Metropolitano-Taselli (en 2004 y 2007) y TBA-Cirigliano (el año pasado, después de la tragedia de Once), el Estado no había elaborado un régimen para sancionar las irregularidades y faltas cometidas por las nuevas unidades de gestión, aunque esa capacidad figuraba en los contratos.
El sistema de multas diseñado durante las privatizaciones volvía prácticamente imposible para el Estado sancionar a las concesionarias, convalidando el desmantelamiento y profundizando la desregulación del sistema ferroviario. Sin importar si se trata de una sanción por falta de limpieza en los baños o serios problemas en las vías y el material rodante, las empresas tienen la posibilidad de recurrir, primero por la vía administrativa y luego en la Justicia, las penalidades impuestas por los organismos de control, postergando su pago y corrección de las faltas durante años.
Así, las multas aplicadas por la CNRT entre 2007 y 2011 a TBA sumaban 43.736.432 pesos, que representaban el 145,8 por ciento del total de la garantía de concesión y cinco veces el límite establecido como causal de rescisión. Si se analizan las multas desde 2002 hasta que fue desplazada de la operatoria, después de la tragedia de Once, las penalidades a los Cirigliano alcanzaron los 80 millones de pesos. Una situación similar se dio en los tres ramales operados por el grupo Metropolitano, de Sergio Taselli –Roca, San Martín y Belgrano Sur–, que acumularon sanciones de la CNRT por 50 millones de pesos hasta que se decidió desplazarlo de la operatoria, mientras que las multas a los únicos dos concesionarios que siguen en pie, Emepa-Ferrovías, de Gabriel Romero, y Metrovías-Roggio, de Aldo Roggio, también poseen sanciones que todavía no fueron ejecutadas, aunque los montos acumulados son significativamente inferiores.
La creación del “régimen específico de penalidades” estaba prevista en el convenio de operación firmado en mayo de 2012 para la creación de la Ugoms, pero su sanción demoró más de un año en medio de intensas pujas con las dos empresas que operan todos los ramales metropolitanos: Emepa-Ferrovías y BRT-Metrovías. En la misma situación se encontraban los ramales San Martín, Roca y Belgrano Sur, a cargo de la Ugofe operada por los mismos empresarios. En esos casos, las demoras para establecer el nuevo sistema llevaban casi nueve años.
A diferencia del esquema de las privatizaciones, cuando Ugofe y Ugoms sean sancionadas, primero deberán pagar las multas y después podrán “cuestionarlas”. El nuevo régimen facilita el cobro de las multas, al tiempo que pone en cabeza de la Secretaría de Transporte su aplicación, y ya no la CNRT que, de todos modos, continuará a cargo de la determinación de las sanciones. Adicionalmente, los propios usuarios podrán iniciar denuncias ante el organismo regulador.
La resolución 511/2013, publicada ayer en el Boletín Oficial, establece que ante eventuales faltas detectadas por la CNRT en rubros como mantenimiento de material rodante o impuntualidad y suspensión de servicios, el Gobierno descontará de su pago mensual un porcentaje del canon que reciben las empresas por operar el servicio. En el caso de la Ugofe, las firmas reciben alrededor de 6,5 millones de pesos mensuales, el equivalente al 6 por ciento de los 108,5 millones de pesos de gastos mensuales de explotación. En el caso de la Ugoms, las empresas reciben por mes un monto fijo equivalente al 5 por ciento de 35 millones de pesos más un porcentaje de las obras que realicen, por lo que su canon supera los 5 millones de pesos.
El esquema establece que por “trenes cancelados y/o suspendidos” o por “impuntualidad en los servicios” se pueden aplicar sanciones por hasta el 7,5 por ciento del canon. En el caso de “falta de limpieza y conservación” de estaciones, zona de vía y material rodante, las multas pueden ascender hasta el 5 por ciento del fee, mientras que en el caso de “falta de mantenimiento y seguridad” en vía, obras, señalización y comunicaciones las sanciones pueden representar el 16 por ciento del canon. El tope de las multas alcanza el 25 por ciento de retención del fee mensual en caso de “falta de mantenimiento del material rodante”. En caso de incumplir “intimaciones en tiempo y forma”, las sanciones serán del 4,5 por ciento. “La gravedad de las faltas o el cúmulo de sanciones aplicadas sin haber modificado su conducta autoriza a la autoridad competente a la rescisión del acuerdo de operación”, concluye la resolución.
