El ministro de Justicia le solicitó al fiscal general de EE.UU. colaboración en la causa que investiga el pago de sobornos de la compañía. Pero el acuerdo de confidencialidad firmado con la compañía se lo impide.
MAURO FEDERICOSubdirector periodístico
Manos vacias. El ministro de Justicia, Germán Garavano, se reunió en Washington con el fiscal general pero no obtuvo ningún dato relevante sobre el capítulo argentino del “Lava Jato” y el pago de sobornos por parte de la empresa Odebrecht.
No hubo papeles, ni declaraciones, ni pruebas contundentes. Germán Garavano salió de su reunión con el fiscal general estadounidense, Jeff Sessions, con las manos vacías. Un grupo de corresponsales argentinos esperaban con expectativa que el funcionario argentino anunciara un acuerdo con la procuración norteamericana para que suministre información acerca de quiénes cobraron los sobornos pagados por la empresa Odebrecht para garantizarse el otorgamiento de obras públicas. Sin embargo, nada estuvo más alejado de la realidad. "Acá las cosas no funcionan como en la Argentina", deslizó en off uno de los miembros de la comitiva que viajó hasta Washington para exponer en el Woodrow Wilson International Center for Scholars sobre la iniciativa "Justicia 2020". Para entender la frase del informante, hay que repasar su explicación: "Odebrecht suscribió un acuerdo con la fiscalía general de los Estados Unidos, por lo cual no sólo se comprometió a suministrar información sobre el pago de coimas, sino también a devolver parte del dinero malhabido (se habla de unos mil millones de dólares), pero ese acuerdo tiene cláusulas muy estrictas de confidencialidad que no pueden ser violadas de forma tan grosera porque se expondrían a que se caiga, y si se cae, la plata no vuelve...", detalló la fuente. Sin embargo, todo indicaría que la comitiva argentina regresaría con un "premio sorpresa": detalles aún no revelados de la denuncia que el fallecido financista Aldo Ducler presentó ante la Unidad de Información Financiera (UIF). Garavano ya se reunió en Nueva York con un grupo de fiscales federales que investigó a la constructora brasileña, eje del "Lava Jato" que se ventila en Brasil, pero con implicancias en Argentina, donde la compañía aseguró haber pagado retornos del orden de los 35 millones de dólares entre 2007 y 2014. Antes de partir rumbo a Estados Unidos, Garavano les reclamó a los abogados de Odebrecht, a quienes les exigió que "le entreguen al Estado argentino el listado de quiénes recibieron sobornos" en el país para remitirlo "inmediatamente a la Justicia", en tanto que la compañía le entregó documentación referida a sus contratos locales de obra pública entre 2007 y 2014.
Allanamientos
En el marco del proceso judicial que investiga el supuesto pago de sobornos para el soterramiento del tren Sarmiento en el marco del escándalo del "Lava Jato" brasileño, el juez federal Marcelo Martínez De Giorgi ordenó ayer nuevos allanamientos a las sedes de las empresas IECSA, Odebrecht y Ghella. En la causa se procura establecer la existencia de sobreprecios, así como el pago de sobornos para ganar la licitación. El operativo tuvo lugar en las oficinas de la compañía ubicadas en L. N. Alem al 800.
Por su parte, el fiscal federal Federico Delgado pidió que la ANSES detalles los aspectos del "respaldo legal" que tuvo la firma de un acuerdo mutuo entre ese organismo y AySA por $890.000 millones, en la causa que investiga el supuesto pago de sobornos para la construcción de dos plantas potabilizadoras en el Paraná de las Palmas, adjudicada a la compañía brasileña. Delgado requirió al juez federal Sebastián Casanello que informe "el respaldo legal del mutuo entre AySA S.A. y el citado organismo por la suma de 890.000 millones de pesos del 21 de agosto de 2008 por un plazo de 10 años, aprobado por resolución del Ministerio de Planificación N° 776".
Casanello ya ordenó un allanamiento en la sede argentina de la empresa Odebrecht, en el marco de la otra causa que investiga el supuesto pago de sobreprecios y coimas en la construcción de una planta de AySA en Tigre. "La idea es contar con un informe y no con expedientes. Esto es decisivo, obtener un informe y no documentos cuyo abordaje se vuelve materialmente imposible", explicó el fiscal en el pedido al juez.
Fuente: ambito.com
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