De izq a der, Jose Luis Esparcia Gil, Relaciones Internacionales de Comisiones Obreras, y Manuel Nicolás Chagua, Secretario General de Transporte Ferroviario.
“Es un momento donde hay un estado de shock de los ferroviarios y toda la ciudadanía española por una política de recorte que nos impone Europa. Tenemos tres ejes de lucha importantísimos, que consisten en tratar de revertir un modelo ferroviario que prevé la privatización de todos los servicios, buscamos mejorar el número de empleados en el ferrocarril y luchamos por la recuperación de la negociación colectiva que en este momento está secuestrada por el gobierno. Esta resistencia se da en el marco de un escenario cada vez más complicado donde el gobierno español plantea que el ferrocarril debe estar en manos privadas para que sea más eficiente. Nosotros decimos que las experiencias de otros países, como Argentina e Inglaterra, demuestran todo lo contrario”, aseguró Manuel Nicolás Chagua, secretario general de Transporte Ferroviario de Comisiones Obreras, una de las tres centrales sindicales que hay en España.
“Este camino nos lleva a un empobrecimiento generalizado de todos los trabajadores que prestan su servicio en el ferrocarril. Vemos que en España y en Europa eso se lleva a cabo a través de un proceso de liberalización que consiste en adjudicar a empresas privadas tareas que históricamente pertenecieron a personal ferroviario. Todavía, gracias a nuestra fortaleza sindical, los maquinistas y encargados de regular el tránsito no han podido ser tercerizados. Pero sí han hecho eso con otras actividades que tienen que ver con la seguridad. Si no se mantiene la infraestructura y el material rodante, el ferrocarril entrará en un estado de abandono pese a que el resto del personal esté bien capacitado”, aseguró el sindicalista.
“El Administrador de Infraestructura Ferroviaria (ADIF), que también se encarga de regular el tránsito, tiene 13 mil empleados directos con condiciones salariales dignas. Mientras que también hay sub contratados unos 8 mil trabajadores que mantienen la infraestructura en la red de alta velocidad. Allí el administrador público no tiene ni un solo trabajador contratado. Son todos contratados por grandes empresas de la construcción que funcionan como un lobby de presión para que el gobierno les ceda el mantenimiento de esa línea para los próximos 25 años. Mientras que en la operación todavía hay una empresa pública que tiene el 95 por ciento del parque móvil. A su alrededor trabajan pequeñitas empresas privadas que tienen unas condiciones de trabajo que nada tienen que ver con la empresa pública. En este caso, somos 13 mil empleados públicos y 9 mil contratados por empresas privadas. Estamos en los albores de un proceso de privatización del servicio de pasajeros”, detalló Chagua.
Además, el sindicalista aseveró que las condiciones laborales de la empresa pública “son dignas” en términos económicos, socio-laborales y de carga horaria. No obstante, explicó que los empleados de las empresas privadas “están a años luz” de dichas condiciones. “En Comisiones Obreras uno de nuestros principales retos a mediano plazo es conseguir que esos trabajadores excluidos del sistema puedan tener condiciones parecidas a las nuestras. Eso lo hacemos defendiéndolos en su negociación colectiva y pidiendo un mayor número de personas en la esfera de lo público donde creemos que se pueden dar las condiciones para pelear por mejorar sus salarios. Nosotros consideramos ferroviarios también a todas las actividades complementarias como la venta de billetes, hacer el check in y brindar atención a los pasajeros. Pese a que en España hay una tendencia que quiere llamar ferroviarios a los que exclusivamente se dedican al transporte propiamente dicho. Con eso buscan atomizarnos para que algunos compañeros tengan condiciones mucho peores que las nuestras”.
Asimismo, explicó que en España el derecho a huelga se ve limitado producto de una ley que garantiza los servicios mínimos. “Es complicadísimo buscar el equilibrio entre el derecho a la huelga y el derecho de la ciudadanía a la movilidad. En España se obliga a los ferroviarios a cumplir con el servicio encomendado porque se supone que es esencial para la ciudadanía. De esta forma, en la mayor parte de las huelgas que convocamos, el gobierno impone por decreto sin acuerdo con los sindicatos la realización de al menos el 75 por ciento de los servicios habituales. De esta forma, se garantiza de sobre manera la movilidad, pero se nos quita a los trabajadores la posibilidad de hacer huelga. Nosotros pretenderíamos que no hubiese servicio mínimo y que el ferroviario pudiese parar. Sabemos que el efecto sería descomunal en la ciudadanía y nos daría una gran fortaleza. No estamos locos y queremos buscar un equilibrio”.
Por último, Chagua denunció que el Partido Popular impulsa legislaciones aún más restrictivas contra los trabajadores. “El gobierno puede despedir a todo aquel que no cumpla los servicios mínimos y podría aplicar una ley mordaza que entrará en vigencia el 1 de julio. La norma establece que no se podrá bloquear la vía pública porque se aplicará una multa económica descomunal o pena en prisión. Hay un espejo que tergiversa la imagen. Desde afuera parecemos un espejo a imitar, pero visto desde aquí dentro vemos una involución democrática que va a dejar a la clase trabajadora en un momento de indefensión fenomenal”, finalizó.
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