La abogada querellante Patricia Anzoátegui pidió también en sus alegatos penas de entre 10 años y 11 meses, y 8 años de cárcel para el resto de los acusados, excepto para el maquinista Marcos Antonio Córdoba, para quien solicitó la absolución.
Foto: Archivo-LaNueva.
Anzoátegui solicitó al Tribunal Oral Federal 2 (TOF2) que se abra una causa penal para investigar al ministro de Planificación Federal, Julio De Vido.
"Los funcionarios ejercieron un control meramente formal. TBA filtraba el dinero a través de otras de sus empresas y gastaba el financiamiento de nuevos proyectos que terminaban en nada. Hacían caja, no mantenían los trenes", acusó la abogada.
Anzoátegui representa a los familiares de Darío Cellie, uno de los fallecidos en el siniestro ferroviario del 22 de febrero de 2012.
"Darío murió por asfixia. Se fue desangrando porque no lo podían sacar", recordó la abogada.
Anzoátegui pidió las penas por los delitos de estrago culposo y administración fraudulenta en perjuicio de la administración público, y en su acusación consideró como agravantes que el siniestro ferroviario haya causado conmoción social y la muerte y heridas de varias personas.
La audiencia de hoy cerró los alegatos de las querellas que actúan en el juicio y mañana a las 9 en los tribunales federales de Retiro será el turno del fiscal Fernando Arrigo, cuyo alegato demandará varias jornadas. (DyN)
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