Hace 22 meses, durante los primeros días de aquel verano, el jefe de gobierno Mauricio Macri aceptó la transferencia de manos federales, luego resolvió incrementar el valor del viaje de 1,10 a 2,50 pesos y, pocas horas después de decidir esa suba del 127%, el alcalde consideró que la negociación era nula. El tironeo se extendió por un año hasta que la Legislatura sancionó, en diciembre pasado, la Ley 4472 y reglamentó la transferencia del servicio, que sigue en manos de la empresa Metrovías, la concesionaria del Grupo Roggio que explota el subte desde 1994 gracias a un contrato que ahora fue renovado por el PRO hasta 2015.
Este martes, el gobierno porteño, a través de la empresa pública Subterráneos de Buenos Aires Sociedad del Estado (SBASE), comenzó a cerrar uno de los capítulos económicos que habían quedado abiertos desde los debates por la sanción de la ley 4472. Por entonces, y a pesar de recibir 720 millones anuales en subsidios federales, Metrovías siempre repitió que el valor del boleto estaba desactualizado. Ese concepto, aceitado por un jugoso lobby empresarial, ahora es compartido por SBASE, que ayer dio un nuevo paso en el camino ascendente de la tarifa y le puso fecha al segundo incremento.
El anuncio ocurrió seis días después de la resolución del juez porteño Pablo Mántaras, que el jueves pasado concluyó con un conflicto judicial de seis meses y le dio luz verde a la Ciudad para aumentar. Según el magistrado, SBASE está habilitado a un segundo incremento siempre y cuando implemente una "tarifa o ticket social" al sistema de abonos vigentes, que incluya a "beneficiarios de planes sociales administrados por el gobierno porteño, del Plan Jefas y Jefes de Hogar, personas en situación de desempleo crónico o recurrente, que acrediten ingresos familiares por debajo de la canasta básica familiar que publica el Indec, en situación de indigencia o parte de todos aquellos grupos identificados con necesidades especiales o en situación de alta vulnerabilidad social". Mántaras le daba 20 días de plazo a SBASE para aplicar esa nueva tarifa social, que debía incluir también a "los beneficiarios del subsidio por la tragedia de Cromañón y ex combatientes de la Guerra de Malvinas".
SBASE definió ese sistema en menos de seis días: ayer presentó el nuevo esquema al juez y marcó al próximo martes como el día de estreno del nuevo aumento, porque el magistrado había dado por cumplido otro requisito crucial para el aumento: la "tarifa técnica" que el propio gobierno porteño había creado a partir de las sugerencias de Roggio.
La norma estipula que existen dos tipos de tarifas: la técnica, "que refleja los costos de explotación del servicio" y es establecida por SBASE; y la que se cobra en ventanilla, "la que efectivamente paga el usuario". La comuna se tomó casi siete meses para hacer el cálculo total de los costos operativos del servicio y dividirlo por la cantidad de pasajeros que viajan al año. El 28 de junio, el Boletín Oficial porteño publicó la resolución 1841 del directorio de SBASE, donde fijó "el importe de la tarifa técnica en 7,47 pesos, conforme los costos de explotación del servicio".
El jueves pasado, Mántaras no se preguntó por la composición de los costos del servicio y consideró que SBASE había cumplido con ese requisito fundacional para un nuevo aumento. Así, el titular del tercer juzgado contencioso quedó a un paso de cerrar el expediente iniciado en marzo por el legislador Alejandro Bodart, de MST–Nueva Izquierda, que logró frenar la suba por la ausencia de dos requisitos que la semana pasada el juez consideró cumplidos.
Un día después del fallo del juez, la Auditoría General de la Ciudad de Buenos Aires, entregó a la Legislatura un documento de 430 páginas donde indagaba en la composición de los costos del subte que Mántaras no investigó (ver aparte). El documento, revelado por este diario en su edición del lunes, fue entregado por los auditores en cumplimiento del artículo 7 de la Ley 4472, que ordenaba revisar los últimos tres años de operaciones financieras del subte.
Entre sus conclusiones, el ente de control consideró que la tarifa técnica de 7,47 pesos "es incorrecta", porque cargaba gastos de mantenimientos no previstos por la norma. Para la Auditoría, la tarifa técnica no puede superar los 5 pesos, según las estadísticas del Indec, o a los 5,60 pesos de acuerdo al índice de precios que establece el gobierno porteño.
Entre los hallazgos detectados en los números de Roggio, la investigación también determinó que Metrovías recibió en 2012 el 148% por encima de la recaudación de la tarifa, sólo destinó el 1% de los subsidios a mejoras en los últimos años y capitalizó casi 150 millones de pesos en ganancias antes de que comenzara la puja entre la Casa Rosada y el PRO.
Apenas se ventiló la investigación, el jefe de Gabinete Horacio Rodríguez Larreta defendió los cálculos que la auditoría había considerado incorrectos. "El costo hoy es de 7 pesos por pasajero. De ninguna manera quiere decir que estemos pensando llevarlo a la tarifa. Una parte se va a seguir subsidiando, lo va a pagar la Ciudad con los impuestos que pagan todos", dijo Rodríguez Larreta sin aludir a los costos inflados que señaló la Auditoría. Sin embargo, su informe podría transformarse en un nuevo freno judicial para el segundo aumento, ya que se trata de una indagación financiera ordenada por la misma ley que transfirió el subte.
Con ese argumento, Bodart se presentará hoy ante Mántaras y apelará la autorización a favor de los 3,50 pesos. "Voy a adjuntarle al juez la auditoría de 430 páginas para que la considere, pero en cuanto a la tarifa social, es una burla a la gente establecerla en los 2,50 pesos que ya paga hoy", sostuvo Bodart. Desde su lectura, "hay que dejar el boleto a 2,50 y reducir los 980 millones de pesos de subsidios porque Metrovías y el gobierno macrista inflaron la tarifa técnica a $ 7,47, cuando la Auditoría acaba de indicar un valor de $ 5,01 a 5,62". Bodart denunció que "Metrovías ha incluido tramposamente como costos propios dos rubros que no corresponden: el mantenimiento y la depreciación de material rodante e infraestructura, que no son propiedad suya ni le ocasionan gastos sino que pertenecen a la Ciudad".
Si Mántaras decide darle valor judicial al informe de los auditores, el segundo incremento del macrismo correrá el peligro de volver a foja cero.
Epszteyn: "el PRO prioriza recaudar"
Eduardo Epszteyn, uno de los siete miembros del Colegio de Auditores, y representante del FPV en el ente de control, dio ayer más detalles sobre el informe técnico que el organismo de control porteño realizó sobre los últimos años de la concesión de subterráneos. Epszteyn denunció que el macrismo, "al aumentar la tarifa, prioriza recaudar en vez de regular".
Consideró que "no se entiende en qué se basaron para asegurar que la tarifa técnica es de $ 7,47, cuando ese número no coincide con el costo operativo de Metrovías". El auditor agregó que "al ser una Sociedad del Estado, a diferencia de otros organismos, SBASE puede eludir controles. Es por eso que es necesario que informe sobre la obtención de los recursos propios –como los rentables negocios colaterales– que pasó a ostentar con el traspaso del servicio".
Por otra parte, el ex legislador sostuvo que "es necesario conocer con exactitud el monto de subsidios que SBASE transfiere a Metrovías. Según el presupuesto 2013, no se preveía transferir recursos públicos a la empresa concesionaria, más allá de las ganancias por el diferencial de tarifas alcanzado con el aumento del valor del pasaje". Sin embargo, destacó que "los Estados Financieros de Metrovías durante los dos primeros trimestres, muestran que por subsidios al servicio de Subterráneos han recibido más de $ 500 millones".
Riesgo
Si el juez Mántaras acepta darle valor judicial al informe de la Auditoría, el segundo aumento del PRO podría volver a foja cero.
Infonews - Tiempo Argentino
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