Los familiares de las víctimas de Once esperan que este año haya sentencia

A 15 meses de iniciado el juicio por la mayor tragedia ferroviaria del país, que dejó 52 muertos pasaron 98 audiencias pero aún no comenzó la etapa de alegatos. Declararon 186 testigos y faltan cerca de 40. Hubo cuatro detenidos por falso testimonio.

Florencia Halfon-Laksman


Resulta más lento de lo esperado. Pasaron 15 meses del inicio del juicio en que el Tribunal Oral en lo Criminal Federal Nº2 debe determinar quiénes fueron los responsables de las 52 muertes y los 789 heridos que resultaron de la tragedia de Once, el 22 de febrero de 2012, en lo que fue el mayor siniestro ferroviario de la historia argentina, que ocurrió después de que el tren Chapa 16 se incrustara en la estación terminal. Aunque los familiares de víctimas esperan que la sentencia pueda conocerse este año, faltan 40 testigos y los alegatos. 

"El fallo permitirá cerrar una etapa en la lucha por justicia. Creemos que va a ser condenatorio, lo cual derivaría en la apelación de los procesados. Pero seguiremos acompañando para que las condenas sean efectivas", avisa María Luján Rey, cabeza de una de las querellas y madre de Lucas Menghini Rey, el joven que murió en el Chapa 16 y cuyo cuerpo fue hallado 58 horas más tarde.
Cuando el juicio comenzó, los imputados eran 29 pero el pasado 25 de mayo falleció Antonio Luna, ex subsecretario de Transporte Ferroviario. El resto transita el proceso en libertad. 

El único que estuvo detenido fue el maquinista de la formación, Marcos Antonio Córdoba, antes de prestar su primera declaración indagatoria. La lista de procesamientos se completa con los ex secretarios de Transporte Juan Pablo Schiavi y Ricardo Jaime; los empresarios Sergio, Mario y Roque Cirigliano, a cargo de Cometrans, la compañía que controlaba a TBA, que tenía la concesión del servicio de la línea Sarmiento; los directivos de la empresa Marcelo Calderón, Carlo Michele Ferrari, Jorge Álvarez, Carlos Lluch, Sergio Tempone, Guillermo D’Abenigno, Jorge De los Reyes, Alejandro Rubén Lopardo, Carlos Pont Vergés, Daniel Rubio, Víctor Astrella, Oscar Gariboglio, Francisco Pafumi, Pedro Ranieri, José Doce Portas, Laura Ballestero, Antonio Marcelo Suárez, Miguel Werba, Daniel Lodola y Luis Ninona; y los ex titulares de la Comisión Nacional de Regulación del Transporte (CNRT) Pedro Ochoa Romero y Eduardo Sícaro. Están acusados de descarrilamiento culposo agravado, que contempla penas que van de uno a cinco años de prisión, y, a excepción de Córdoba, se los investiga por el delito de defraudación contra la administración pública, que tiene una escala de pena de dos a seis años.

Primero se anunció que habría 400 testimonios, sin embargo en el recorrido judicial hubo algunos que fueron desestimados por considerar que su aporte no sería sustancial. Desde el 18 de marzo del año pasado, 98 fueron las audiencias públicas que tuvieron lugar lunes y martes en los tribunales de Comodoro Py, y por allí ya pasaron 186 declaraciones, de las cuales cuatro derivaron en la detención de testigos por falso testimonio.

Los peritos técnicos son siete: cuatro de parte y tres oficiales. En febrero empezaron a declarar ante los jueces Jorge Alberto Tassara, Jorge Luciano Gorini y Rodrigo Giménez Uriburu, y sus testimonios fueron los más extensos, dedicados a repasar los informes de la instrucción –donde se peritó el Chapa 16- y de esta etapa –sobre un tren acondicionado para la ocasión-.
"La segunda, buscando dar respuestas a dudas del tribunal, se realizó sobre un tren de cuatro vagones sin pasajeros y fue provisto por la Unidad de Gestión Operativa Mitre Sarmiento (UGOMS). Insólitamente, los peritos pretendían trasladar esas conclusiones al Chapa 16, que era un coche sin mantenimiento y excedido de pasajeros, que tenía más de 50 años operando", analizó la querella representada por Leonardo Menghini, tío de Lucas.

El abogado había pedido el apartamiento del perito oficial Néstor Luzuriaga, con el argumento de que él luego se convirtió en perito de parte de UGOMS en las causas por los siniestros ferroviarios de Castelar y Once 2. "Eso demuestra su manifiesta parcialidad", decía el letrado al comenzar el año.
Fue ese perito al que, el último 2 de junio, el TOC 2 ordenó detener por presunto falso testimonio y por haberse mostrado reticente para declarar sobre algunos puntos. "No pudo siquiera recordar sus propios dichos. Se negó a hablar sobre las semejanzas entra las dos colisiones de Once, aduciendo que no lo había estudiado", detalló el abogado Menghini. Antes que Luzuriaga, ya habían sido detenidos por la misma razón el inspector de la CNRT Carlos Testuris; y los guardas Miguel Ángel Gerónimo y Patricio Marcelo Juárez.

Menghini destaca la testimonial del perito oficial de la Corte Suprema Juan Alfredo Brito, porque "aparece como la única que brinda una clara explicación del hecho". Algunos imputados, como Schiavi, consideran que el juicio no indagó demasiado sobre la responsabilidad del maquinista (ver aparte), mientras que Valeria Corbacho, defensora de Córdoba, entiende que "se está demostrando que, al entrar a Once, el Chapa 16 se quedó sin presión de aire en el sistema de frenos, entonces, al aplicar el freno de emergencia, no fue efectivo porque no había suficiente aire".

Hay un grupo de familiares que nunca se ausenta de las audiencias, que tienen lugar en la misma sala donde se juzgó el atentado a la AMIA, el subsuelo de los tribunales de Comodoro Py. Están separados de los imputados a través de un blíndex y ya no tienen permiso para llevar carteles en reclamo de "justicia". Aun así, es importante asistir y no dejar de movilizarse por sus deudos. "Hablo con algunos acusados –confiesa Juan Carlos Alonso, que perdió a su hijo Coqui-, porque no siento odio. Pero siempre le echan la culpa a otro". Se suma Héctor Zanotti, quien perdió a su hijo Pablo en el Chapa 16: "No creo que hagan autocrítica."

Después de que los defendidos por los abogados Marcelo Parrilli, María del Carmen Verdú y Miguel Arce Aggeo se retiraran de la querella a partir de un acuerdo económico para los damnificados, quedaron en pie tres cabezas de acusación: el equipo de abogados de Gregorio Dalbón –él no está porque fue echado del juicio por disturbios- representa a la mayoría, aunque no a los casos más graves; Javier Moral actúa como "querella número 2"; y Menghini, junto a Lelia Leiva, defiende al tercer grupo, que agrupa a familiares de víctimas fatales y acusa a todos los imputados. La pulseada de los defensores se reparte entre quienes intentan determinar que la magnitud de la tragedia obedeció a desinversiones en materia ferroviaria y los que se concentran en la relevancia del factor humano.
Paolo Menghini, papá de Lucas explica que resignificaron la manera de luchar: "No podemos estar todos en las audiencias pero buscamos mantener vivo el reclamo y transmitir nuestra visión." Faustino Nuñez va a los tribunales de Retiro con Alan, uno de sus hijos, porque Sandra, hermana del joven, forma parte de la lista de fallecidos. Hoy sale de su habitual silencio para resumir su motivación: “Esperamos justicia y que vayan todos presos".

Fuente: Tiempo Argentino