Jaime precisó que su "actividad diaria" consiste en pasar diez horas en su celda de dos metros por tres, y con sus 14 compañeros de pabellón en un pequeño salón de usos múltiples. El ex funcionario está detenido desde hace algo más de un año y medio en el penal de Ezeiza, tras haber sido condenado a seis años de prisión por el choque del tren en la terminal Once -hecho que produjo 51 muertos y centenares de heridos- y procesado por ilícitos en la compra de ferrocarriles a España y Portugal.
El detenido manifestó que en las visitas que le realizaban sus abogados se le imponía quitarse la ropa y era filmado, lo que calificó como un trato indigno, inhumano o cruel. La defensa agregó que, desde que está detenido, Jaime decayó físicamente y perdió casi 21 kilos de peso, padece de un humor displacentero y trastornos de sueño, y que en el penal no se respetaba su dieta celíaca.
Los abogados Andrés y Matías Maroutian señalaron que, si se le concedía el arresto domiciliario, Jaime podía ser controlado mediante la colocación de un dispositivo de monitoreo electrónico.
La fiscal Gabriela Baigún, quien estimó que existe peligro de fuga, dictaminó en contra del otorgamiento del beneficio porque no se probó que la detención de Jaime en el penal de Ezeiza constituya un riesgo para su salud o un menoscabo de sus derechos.
Baigún señaló, además, que Jaime, por considerar que se trata de un preso "político", se niega a recibir la dieta proporcionada por el Servicio Penitenciario Federal (SPS) y al control diario de su presión arterial, y citó estudios médicos según los cuales los rechazos de alimentos y la medicación ansiolítica recetada "no implicaban riesgo" para el detenido.
El TOF 1, que juzgara a Jaime por la compra de trenes a España y Portugal, ponderó un informe cardiológico del Cuerpo Médico Forense que concluyó que el ex funcionario padece una "cardiopatía hipertensiva con leve compromiso hemodinámico", sin presentar enfermedades incurables en período terminal, en tanto que sus dolencias podían ser tratadas en el penal.
Los jueces Adrián Grünberg, José Michilini y Gabriel Eduardo Vega destacaron la "escasa colaboración del imputado" con los controles de galenos del SPS y subrayaron que el detenido no llega a los 70 años de edad, una de las causas que permitirían el arresto domiciliario.
FUENTE EL DIA
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