El Tribunal Oral Federal N° 2 de la Capital definió cuáles son las pruebas que se utilizarán y las medidas que se realizarán en el juicio oral y público por la tragedia ferroviaria de Once ocurrida en febrero del año pasado. En tanto, el tribunal consideró "impertinente" que declare la presidente Cristina Fernández como testigo.
Tampoco se accedió a realizar "un recorrido en la cabina de conducción" de un coche con similares características y equipamiento que el siniestrado, lo que equivaldría a la reconstrucción del hecho, lo que para el tribunal es de "imposible cumplimiento".
Se trata de una resolución de más de cien páginas en las que solicitó, entre otras cosas, a la Secretaría de Transporte de la Nación que confeccione un cuadro comparativo, donde conste la totalidad de las licitaciones efectuadas entre el año 2003 y 2009 referentes al plan de obras del ferrocarril Sarmiento (señalización, renovación de vías, reparación y reconstrucción de coches, planes para la fabricación de coches doble piso,etc.), como así también si la ejecución de las mismas continuó luego del alejamiento de Ricardo Jaime de esa Secretaría.
En cuanto al pedido de una de las querellas para que declare la presidente Cristina Kirchner, el tribunal dijo "no ha lugar por impertinente". El mismo temperamento adoptó respecto del Síndico General Daniel Reposo, el jefe de gabinete Juan Manuel Abal Medina, el senador y ex jefe de gabinte Anibal Fernández, el también ex jefe de Gabinete Alberto Fernández y el ministro de Planificación, Julio de Vido, entre otros.
Sí declararán, en cambiom centenares de testigos, entre víctimas que estuvieron en el accidente, las que resultaron lesionadas y funcionarios. y se hablará sobre la habilitación de las formaciones para prestar el servicio de transporte y su normativa.
También el tribunal puso la lupa sobre los subsidios y los ingresos por ese concepto especialmente entre los años 2004 a 2006, y se pidió al juez Claudio Bonadío, que remita el expediente en el que Ricardo Jaime está acusado de dádivas para que forme parte de la prueba del juicio.
El tribunal ordenó que se proceda a la certificación de antecedentes penales de los acusados, entre ellos los ex secretarios de Transporte Ricardo Jaime y Juan Pablo Schiavi, y los directivos de TBA, "debiendo cumplirse en sus respectivos legajos de personalidad".
En la resolución se dispuso una inspección judicial de la formación siniestrada que se encuentra actualmente en los talleres de Villa Luro de la firma UGOMS, pero se rechazó realizar una reconstrucción del hecho.
Se solicitó a la Comisión Nacional de Regulación del Transporte que remita un listado de todos los descarrilamientos ocurridos en las líneas Mitre y Sarmiento en el año 2012, distinguiendo entre aquellos acontecidos en el primer y segundo semestres de aquel año.
Se solicitó además a la Comisión que informe sobre la normativa que regula los cursos de capacitación y adiestramiento con relación a conductores de coches eléctricos de la empresa TBA, vigente al año 2012.
El tribunal también puso el foco sobre la normativa relativa a períodos de descanso, horas de trabajo y vacaciones, con relación a conductores de coches eléctricos de la empresa TBA.
Se pidió que informe si la concesionaria TBA tenía el deber de implementar un protocolo o sistema de emergencia en el supuesto de un accidente como el ocurrido, y si esto incluía prácticas o simulacros.
El Tribunal pidió a la Unidad de Gestión Operativa Mitre Sarmiento (UGOMS) la confección de un informe que, tomando como base los realizados por conductores de trenes, se haga constar aquellos accidentes en que el conductor haya expresado que la colisión con un vehículo, persona o instalación, se produjo por una falla o anomalía del sistema de frenos.
El debate oral aún no tiene fecha. Serán juzgados, entre otros, los ex secretarios de Transporte Juan Pablo Schiavi y Ricardo Jaime, el motorman Marcos Antonio Córdoba y los empresarios Mario y Claudio Sergio Cirigliano.
Además de ex funcionarios del área de Transporte, también están imputados todo el directorio de la firma TBA, que tenía la concesión de la línea Sarmiento y le fue revocada por el Gobierno ni bien tuvo lugar el accidente que le costó la vida a 51 personas.
La fecha para el juicio oral aún no está definida pero se estima que será a fin de este año o a principio del próximo.
Fuente: Minutouno.com
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